la familias de la republica dominicana

El 1 de diciembre, decenas de policías y soldados desalojaron a la fuerza a 45 familias, en las que había menores, de sus casas de Villa Venecia de Pantoja, provincia de Santo Domingo: los despertaron a las cuatro de la madrugada y les dijeron que tenían que abandonar el área de inmediato. Dos horas después, unas excavadoras pertenecientes a una inmobiliaria internacional empezaron a demoler las casas y arrancar árboles y cosechas.

Estas 45 familias eran las últimas de un grupo de 170 que llevaban más de siete años ocupando la parcela núm. 6. Según afirman, el asentamiento se estableció en tierras públicas pertenecientes al Consejo Estatal del Azúcar (CEA). La inmobiliaria internacional afirma trabajar para el auténtico propietario de la tierra, que según los informes es uno de sus accionistas.

Los policías y soldados que llevaron a cabo el desalojo estaban bajo el mando de un general del ejército con base en el municipio de Los Alcarrizos. No mostraron a las familias orden legal de desalojo alguna. Una organización local de derechos humanos con la que se ha puesto en contacto Amnistía Internacional, y que ayudó a las familias afectadas poco después del desalojo, obtuvo de los funcionarios presentes una notificación oficial de desalojo. Según asegura, era evidente que el documento había sido alterado con líquido corrector. El aviso estaba firmado por un abogado del gobierno y llevaba como fecha marzo de 2007, pero originalmente se había expedido únicamente para la parcela núm. 14. Según las familias, ese mismo documento se ha utilizado en desalojos anteriores de la parcela 6, donde se han realizado desalojos en masa en octubre de 2006 y en enero y junio de 2007.

La mayor parte de las pertenencias de las familias afectadas quedó destruida o fue confiscada durante el desalojo. Las familias han afirmado que se obligó a trabajadores migrantes haitianos detenidos por la policía a cargar dichas pertenencias en un camión propiedad de la inmobiliaria.

Las autoridades no han proporcionado a ninguna de las familias un alojamiento alternativo, ayuda ni indemnización alguna por su pérdida. La mayoría de las familias viven en el cercano cementerio de Cristo Redentor, donde carecen de refugio, alimento y agua y, según los informes, sufren el acoso de los soldados que todavía vigilan la tierra desalojada.


Por Federico N pICHARDO